AIDA – Américas, 20 de junio de 2019
“La selva más hermosa del mundo”. Así describió Alcides D’orbigny, biólogo francés, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras explorar Bolivia entre 1830 y 1833.
Ubicada entre los departamenos de Beni y Cochabamba, el Tipnis es un área natural protegida que abarca unos 12.363 kilómetros cuadrados en la Amazonía boliviana. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y hogar de diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Mojeños Trinitarios, los Tsiman y los Yuracaré.
Pese a su condición de Parque Nacional y Territorio Indígena, desde hace décadas que se busca construir en el sitio una carretera, dividiéndolo en dos y causando graves daños ambientales y sociales, algunos de los cuales ya han ocurrido pues dos de los tres tramos de la vía ya fueron construidos.
Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas del Tipnis por defender su territorio y modos de vida no ha cesado. Y recientemente obtuvieron una victoria que constituye un precedente legal internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos.
El mes pasado, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado boliviano “violó” los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis por alentar la construcción de la carretera.
El Tribunal, integrado por personas comprometidas con el ambiente, fue creado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en abril de 2010, cuando se firmó además la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Su función es establecer e investigar cualquier violación de derechos estipulados en la Declaración y en las normas internas de cada país. Determina si hubo o no violación y quién es responsable. Realiza recomendaciones, opiniones consultivas y puede determinar medidas provisionales.
la defensa indígena de la Amazonía boliviana
La resistencia de pueblos indígenas a la construcción de una carretera en medio del Tipnis lleva años y ha traído mucho sufrimiento. El episodio más doloroso ocurrió en 2011 cuando más de 100 indígenas que marchaban a La Paz, sede del gobierno boliviano, fueron brutalmente reprimidos por policías. Pese a ello, esa movilización logró la promulgación de una ley que otorgó al parque nacional la condición de “zona intangible” o reserva absoluta.
Lamentablemente, seis años después, esa ley quedó sin efecto cuando se promulgó una nueva ley mediante un proceso más que expedito.
Representantes de los pueblos indígenas del Tipnis denunciaron éste y otros hechos ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo que aceptó considerar el caso en enero de 2018 y que decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó la zona para entrevistarse con todos los actores involucrados.
Los representantes indígenas denunciaron ante el Tribunal que pese a tratarse de un solo tramo, el proyecto fue presentado por separado, con tres fases o tramos, de los cuales solo falta construir el central.
Otras irregularidades incluyen la adjudicación del proyecto a una empresa brasileña sin contar con la evaluación de impacto ambiental; y la falta de una consulta adecuada a las comunidades indígenas afectadas.
En la sentencia emitida el 15 de mayo, el Tribunal, además de encontrar responsable al Estado boliviano de la violación de derechos, solicitó medidas de cumplimiento inmediato, entre ellas:
- La paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera;
- Reconocer las facultades de los pueblos indígenas, como su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa, para garantizar su control dentro del Tipnis;
- Anular la ley que le quito la cualidad de zona intangible al Tipnis;
- Detener el avance de la colonización hacia la zona central del parque nacional;
- Anular los planes de expansión petrolera en el sitio;
- Aplicar efectivamente las normas que garanticen la protección de los derechos de la Madre Tierra; y
- Garantizar a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra.
Lo que viene para el Tipnis
Aunque la sentencia del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio, es un precedente establecido por un tribunal ético y reconocido. Por ello la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, una organización indígena internacional, anunció que usará el fallo como instrumento de prueba para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La situación es compleja.
La construcción del tramo que falta fue suspendida tras perderse el crédito para su ejecución, pero algunos sectores defienden la vía como obra fundamental para conectar el centro y el norte del país, facilitando además el acceso a servicios básicos y a otras oportunidades de desarrollo para las comunidades del Tipnis. Por otro lado está la degradación ambiental de una zona rica en biodiversidad pues la carretera sería solo el origen de otras actividades dentro del área protegida.
Creo que nadie tiene respuestas absolutas y no se trata de hacer un juicio de valor, si no de cumplir las leyes, cuya existencia reside en la razón y en lo que es o debería ser justo. Aunque parte de la carretera ya fue construida, queda mucho por lo cual seguir resistiendo.
La decisión del Tribunal puede y debe utilizarse como nuevo impuslo. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena sabiendo que la destrucción de entornos tan valiosos son un punto sin retorno.
Por su parte, 
Pese a estas evidencias, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra –a través de su página en Facebook- difundió una reunión que tuvo con militantes del partido de gobierno pertenecientes al polígono 7 y al TIPNIS, en la que le transmiten su “preocupación”: “por el reciente fallo que acaba de emitir el supuesto Tribunal de la Naturaleza en contra del progreso y desarrollo del TIPNIS”. Salvatierra indica que la sentencia -que busca frenar los impactos de la carretera, en defensa de los derechos de la naturaleza-: “lo único que buscaría este fallo es evitar que los programas del gobierno en beneficio de sus poblaciones continúen”, interpretó, cuando el documento del TIDN no hace referencia a ningún programa social del gobierno, sino a efectos ambientales producto, entre otros, de la deforestación amazónica.
En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena logró una importante victoria con la promulgación de la Ley 180 de protección del TIPNIS, que no permitía obras de infraestructura que afecten el parque. En 2017 el gobierno nacional, que controla la Asamblea Legislativa, procedió a remplazar la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS por la Ley 969, que posibilita la construcción de la carretera que dividirá al TIPNIS y representa una flagrante violación a los derechos de la Madre Tierra.
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