¿Una carretera ilegal atravesará la Amazonía boliviana?

Por Marielle Cauthin

8 de julio de 2022

El río Ichoa sería la última frontera natural que evita el avance de la apertura de camino para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, en el extremo sur dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure; mientras por el norte, brechas de unos 6 metros de ancho se dibujan bajo la sombra de los árboles más allá de la comunidad Santo Domingo, también dentro del parque nacional. Después de años de rechazo a este proyecto víal por los impactos socioambientales, vulneraciones a las áreas protegidas y a derechos indígenas, la vía continúa en expansión sin conocerse el Estudio de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental que permita la construcción del tramo II y la ampliación del tramo III; mucho peor, sin una ley nacional que autorice atravesar la zona intangible o zona núcleo de esta área protegida.

Lejos de investigar el ilegal avance del trazo, un intenso lobby de la Gobernación de Beni se ha iniciado hace algunos meses para consolidar este proyecto carretero. No es una voz aislada, ya que instituciones como el Comité Cívico departamental y provinciales, así como la Cámara Agropecuaria de Beni han respaldado públicamente esta postura. De hecho, las últimas semanas, el gobernador junto a otras autoridades se han dado la tarea de realizar asambleas públicas en Trinidad y San Ignacio de Moxos para amplificar esta demanda, sumada a las quejas sobre los continuos bloqueos de carretera en la vía que los une con Santa Cruz.

El lobby que busca legitimar una carretera ilegal

Fuente: GADB, 2022. Asamblea de la Gobernación de Beni en San Ignacio de Moxos, 27 de junio de 2022.

Precisamente lo dicho en una asamblea realizada en junio en San Ignacio de Moxos, Beni, expresa a cabalidad los imaginarios y el discurso que buscan imponer la vía a través de este parque nacional: la subalternidad y dependencia de Beni frente a Santa Cruz, el supuesto avance de Cochabamba en la zona de límites no definidos en el TIPNIS, una élite agropecuaria con capacidad de inserción en los mercados nacionales e internacionales y el novedoso dato sobre el reconocimiento oficial de la apertura ilegal de la vía por sus dos extremos, avance que –lejos de ser interpelado- reconfigura un nuevo escenario donde no es necesario “hacer” una carretera, sino que prácticamente la carretera «ya se hizo sola».

Sobre el último punto, el gobernador Alejandro Unzueta afirmó en Moxos que “hay caminos, hay brechas” verificadas por esta institución mediante imágenes satelitales, así como videos “in situ” -como los grabados por un grupo de “motoqueros” que dicen haber atravesado el parque nacional desde San Ignacio para llegar a Villa Tunari-; actos que prueban a la autoridad que solo quedan “45 kilómetros que falta ampliar y después ya llegamos al [río] Ichoa que es Villa Tunari”. En la misma asamblea, el profesor beniano Eduardo Velasco Rivero -que expuso un memorial extenso sobre el viejo litigio fronterizo con Cochabamba-, filtró al gobernador y al público que una fuente le aseguró que existe un camino con mantenimiento desde San Antonio (de Moleto) hasta el río Ichoa, con lo que se confirmaría que en el extremo sur del TIPNIS la vía continúa en ampliación dentro del parque nacional (PN) y a las puertas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Isiboro – Sécure.

Mapa del trazo de la carretera y denuncias de avance de la obra

¿Cómo podrían faltar 45 km de una carretera de más de 300 km, que no cuenta con estudios, licencias ni leyes específicas para atravesar al menos 120 km de la zona núcleo de un parque nacional y una TCO, protegidos por la Constitución Política del Estado, leyes nacionales e internacionales? Si bien el gobernador de Beni no se alerta por las graves ilegalidades que conllevaría la apertura de este camino, sí por las voces ambientalistas que rechazan la vía: “¡Y dónde están los ecologistas que no nos permiten hacer esos 45 kilómetros que atraviesan -como dicen- el corazón del TIPNIS!”, arengó ante su audiencia en Moxos, buscando legitimar una serie de actos ilegales, que habrían provocado la apertura de un camino carretero por el TIPNIS.

El irregular avance del tramo I y tramo III

Hay que recordar que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, mediante Resolución RPC No. 0154/2008 de 1 de agosto de 2008 a la empresa brasileña OAS Ltda., firmándose el contrato ABC No. 218/08 GCT-OBR-BNDES el 4 de agosto de 2008. El contrato y su protocolo fueron aprobados por la Asamblea Legislativa mediante Ley No 0005 de 7 de abril de 2010, por la suma de 332 millones de dólares americanos provenientes de un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). Este monto más la contraparte de Bolivia cubría el costo de la obra que llegaba a 415 millones de dólares.

El Documento Base de Contratación (DBC) para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos Ruta F-24, publicado en marzo de 2008 -que acompañaba la Licitación Pública Internacional 001/2008- elaborado por la ABC no fragmentaba la carretera en tramos, hoy denominados I, II y III. Este DBC establecía una sola ruta con el siguiente detalle: “la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos tiene una longitud aproximada de 306 km. y que pasaría por las siguientes poblaciones: Eterazama, Isinuta, Puerto Patiño [PN], Santísima Trinidad [PN], Puerto Santo Domingo [PN-TCO], Puerto Esperanza [PN-TCO], Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos”.

Una vez segmentada la vía en tramos, tanto el tramo I por el sur y el tramo III por el norte contaban con Estudios Evaluación de Impacto Ambiental – Analítico Integral (EEIA-AI), realizados en 2010 por la empresa Connal SRL, contratada por OAS Ltda. Según la Petición de Informe Escrito (PIE) 890/2017-2018 del senado, se conoce que las Licencias Ambientales y las Declaraciones de Impacto Ambiental para los tramos I y III fueron emitidas en agosto de 2010 por el viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal a la ABC, como Representante Legal del proyecto: Nº 031003-06-DIA-3784/10, proyecto denominado “Tramo 1: Villa Tunari – Isinuta” y Nº 080501-06-DIA-3786/10 proyecto denominado “Tramo 3: Monte Grande – San Ignacio de Moxos”. Según la Evaluación Estratégica Ambiental (Rumbol; Sernap, 2011), el tramo II –que atravesaría el PN y la TCO- no cuenta con Licencia Ambiental.

El gobierno de Bolivia inició el proceso de rescisión de contrato con OAS Ltda. en abril de 2012, por supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales que afectaron el avance de las obras: “En el tramo I y III otra vez (hubo) incumplimiento en el trabajo de OAS, por eso hemos decidido, hemos iniciado un proceso de anulación de la construcción del camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, especialmente en el tramo I y III”, dijo Evo Morales en una conferencia de prensa, cuando para ese momento la presión social contra los impactos socioambientales de la vía ya era internacional.

Sin embargo, el proyecto carretero no se detuvo. Las empresas que continuaron trabajando en la carretera fueron: Empresa Boliviana de Construcción (EBC) y la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) para el tramo I (Villa Tunari – Isinuta), con una inversión de 37 millones de dólares; y la estatal Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y zonas Fronterizas (ADEMAF) junto a la Fuerza Binacional de Ingeniería Social Bolivia-Venezuela para el tramo III, con una inversión de 144 millones de bolivianos, según registros de prensa. Todas estas empresas no realizaron sus respectivos estudios de EEIA-AI, lo que correspondería al ser parte de un nuevo proceso de contratación. Además, reportes de prensa sostienen que la empresa AMVI tenía como socios a tres federaciones de sindicatos cocaleros, por lo que se habría beneficiado a una parte interesada.

El 11 de septiembre de 2016, el entonces presidente Morales inauguró la carretera Villa Tunari – Isinuta con una extensión de 47.30 km. Este tramo termina en la frontera del Parque Nacional Isiboro Sécure y del llamado polígono 7, zona ocupada por sindicatos de familias colonizadoras. Por su parte, en junio de 2015, el vicepresidente Álvaro García Linera inspeccionó las obras del tramo III y afirmó que la carretera a iniciarse tendría el siguiente diseño: San Ignacio de Moxos – Monte Grande (81.42 km), Monte Grande – Río Sécure – Santo Domingo (48.3 km), con una extensión total de 128 km. Estos últimos 48.3 km no estaban contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental de Connal SRL sobre el tramo III. Santo Domingo formaba parte del tramo II pues se encuentra dentro el PN y la TCO. Tampoco se conoce un nuevo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que haya incorporado los estudios sobre esta ampliación al tramo III.

Ya en 2017, el gobernador de Beni por el partido de Evo Morales, Alex Ferrier, declaraba: “Todavía no hemos llegado hasta Santo Domingo, pero ya se tiene levantamiento de terraplén, alcantarillas y, sobre todo, las conexiones de las comunidades a la carretera troncal”; ese año se esperaba la inauguración de la fase 1 de este tramo III: una plataforma de 9.2 metros de ancho, un terraplén de un metro de altura y dos puentes de hormigón en el río Itecore (30.60 m.) y en el río Sénero (40.60 m.). Se sabe que desde San Ignacio de Moxos a Monte Grande del Apere -ubicados fuera del TIPNIS- existe una consolidad carretera de tierra. De Monte Grande del Apere a Santo Domingo existe un camino precario abierto para la explotación forestal (com. pers. Subcentral TIPNIS, 2017).

El ilegal avance del tramo II

Cinco años más tarde, el nuevo gobernador de Beni afirma que solo faltan 45 km de vía para terminar el llamado tramo II, lo que sería igual a afirmar que ya se ha penetrado a la zona núcleo del PN, sin autorización del gobierno, sin control del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), sin Evaluación Ambiental Estratégica (EIA), sin consulta a la TCO y sin normativa nacional que avale la obra. Una revisión del perímetro del TIPNIS con mapas satelitales deja ver cómo se dibujan brechas camineras ilegales bajo la sombra de los árboles, estas brechas de unos 6 metros de ancho cruzan el río Sécure por el norte muy cerca de la zona núcleo del TIPNIS, que se encontraría en grave riesgo de ser avasallada.

El tramo II parte del pueblo de Isinuta en Cochabamba, límite sur del TIPNIS, e inicialmente se extendía hasta Monte Grande del Apere, luego fue recortado hasta la comunidad Santo Domingo en Beni, según la ABC. Es el tramo de mayor conflictividad porque atravesaría el área mejor conservada del TIPNIS en términos biológicos, correspondiente a la demarcación de zona núcleo que goza de máxima protección. La Evaluación Ambiental Estratégica (Rumbol; Sernap, 2011) afirmó que existe un vacío legal para este tipo de obras en parques nacionales y mucho más en zonas de alta preservación como las zonas núcleo, por lo que al menos se requeriría de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un proceso de consulta pública y una ley específica que lo autorice.

Trazo en línea recta desde los puntos donde se visibilizan brechas camineras dentro el TIPNIS

Fuente: Villalobos G., 2022.

Pese a todo esto, entre julio y agosto de 2017 y marzo de 2018 comunarios y medios de comunicación denunciaron el avance de la construcción de obras del tramo II. En 2016, mientras estaba vigente Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS, la ABC y las empresas AMVI y Sergut firmaron los contratos para la construcción de tres puentes dentro el tramo II, que avasalla el perímetro del parque nacional: puente Isiboro (o Isiboru) de 250 metros de largo a un costo de 4.9 millones de dólares, puente Ibuelo (o Ibuelito) de 120 metros con un costo de 2.3 millones de dólares y puente Sazama (o Zajsajsama o Sasasama) de 150 metros con un costo de 2.7 millones de dólares. El gobierno había proyectado entregar las tres obras en 2018.

El Ministerio de Obras Públicas se escudó en el Decreto 1146 del 24 de febrero de 2012 y en una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAA) de 4 de febrero de 2014, que establece la “norma técnica que habilita la construcción y rehabilitación de puentes”: “Una licencia ambiental que tiene afectación al medio ambiente tiene categorización 2; este proyecto ha tenido una categorización 3 que prácticamente no tiene afectación, entonces no está clasificada en ese grupo de megaobras, por lo tanto, no hemos infringido la ley de intangibilidad”, fue la respuesta del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en 2017.

Según los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1333 de Medio Ambiente, en el capítulo IV sobre evaluación de impactos ambientales, establece que todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental (Art 25). Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo expresado en este artículo, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (Art. 26). El tramo II de la carretera no cuenta con una categorización de impacto ambiental, que seguramente sería grado 1 por su nivel de afectación, ni tampoco cuenta con un EEIA, Licencia Ambiental (LA) – Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), porque –como dice la Evaluación Ambiental Estratégica- no hay leyes que respalden la afectación a parques nacionales sobre todo en sus zonas núcleo.

El artículo 16 del Reglamento a la Ley de Medio Ambiente sobre EIA indica que uno de los criterios para establecer la categoría de EEIA es su “localización próxima a: áreas protegidas, a recursos naturales que estén catalogados como patrimonio ambiental, a áreas forestal o de influencia, o poblaciones humanas susceptibles de ser afectadas de manera negativa”. En este entendido, según la normativa boliviana, la categoría EEIA se establece para áreas colindantes a áreas protegidas, pero no dentro de áreas protegidas. Es tan grave hablar de un posible avasallamiento a la zona núcleo del parque nacional, que en 2011 el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, y su director de Medio Ambiente, Luis Beltrán, renunciaron por negarse a firmar la Licencia Ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que atravesaría el TIPNIS. Juan Pablo Ramos fue reemplazado por Cynthia Silvia Maturana, que sin sonrojarse firmó las LA – DIA para autorizar los tramos I y III de la carretera, pero no el tramo II por el conflicto que esto conllevaría.

Tan solo con estas observaciones sobre la moficación al tramo III que avasalla el PN por el extremo norte y cualquier apertura de camino que hiciese dentro el PN-TCO las Licencias Ambientales para el tramo III quedarían anuladas, además de demostrarse serias ilegalidades con responsabilidades a los autores de las obras del tramo II. Según el artículo 64 del Reglamento General de Gestión Ambiental de la Ley 1333, las Licencias Ambientales quedarán sin efecto: “c) por modificación o ampliación de la actividad inicial; d) por incumplimiento a la legislación ambiental”. De la misma manera el artículo 96 del mismo reglamento indica que: “Constituyen contravenciones a la legislación ambiental las previstas en el art. 99º de la Ley del Medio Ambiente:  a) iniciar una actividad o implementar una obra o proyecto sin contar con el certificado de dispensación o la DIA [Declaración de Impacto Ambiental], según corresponda; (…) e) alterar, ampliar o modificar un proyecto, obra o actividad sin cumplir el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”.

Si hay carretera hay megadeforestación, lo confirma Unzueta

Según el gobernador Unzueta, en el TIPNIS actualmente “hay más de 2.300 concesiones forestales” y solo en el llamado polígono 7 –según la primera autoridad de Beni- se han deforestado 230 mil hectáreas: “más del 65 % del polígono 7”; paradógicamente, para Unzueta, el problema no son las alarmantes cifras que lanza, sino que “ni siquiera los benianos aprovechamos de regalías forestales, nos ingresan 200 mil bolivianos al año”, se lamenta. Empero, las cifras que lanza el gobernador requieren someterse a revisión, pues el polígono 7 tiene una extensión de aproximadamente 100 mil hectáreas, es decir, cubre el 12 % del parque nacional. Así que no podría haberse deforestado el doble de su misma extensión dentro sus mismos límites.

Pero efectivamente la deforestación en esta zona es alarmante y fue propiciada por el histórico avance de la colonización precisamente favorecida por un camino y un puente: el puente de Eterasama construido en 1971 y la apertura de un camino de penetración por Puerto Patiño promovido para prospección petrolera (Rumbol; Sernap, 2011). Según los datos proporcionados por Vargas et al. (2012), la deforestación en el TIPNIS se ha concentrado históricamente en este polígono. Estudios recientes indican que el TIPNIS perdió 46.000 hectáreas de bosque entre 2000 y 2014, lo que representa el 3.6 % del total del parque nacional (Fernández-Llamazares A.; Helle J.; et al., 2018). El 58 % de esta pérdida de bosques se habría producido en un radio de 5 kilómetros alrededor de la carretera preexistente en el llamado polígono 7, conectado a la carretera troncal de Villa Tunari. Datos de 2018 demuestran que la tasa de pérdida de bosque en este polígono es ocho veces más alta que en el resto del TIPNIS y el doble que en toda la Amazonía boliviana (Fernández-Llamazares A.; Helle J.; et al., 2018). A este ritmo, Vargas et al. (2012) predijeron la deforestación del 64 % (610.848 ha) del PN en 18 años si se construye la carretera; y una pérdida forestal del 43 % si no se controla la expansión colonizadora del polígono 7, aunque no se construya la carretera.

Fuente: Vargas T. et al. (2012).

En 2014, un saneamiento del INRA reconoció y otorgó títulos de propiedad individual a los sindicatos de este polígono en calidad de “74 comunidades” (Cauthin, 2021), que se dedican casi exclusivamente al cultivo de coca. De hecho, en 2021 la UNODC confirmó la existencia de 1.373 ha de cultivos de coca en el polígono 7 y 27 ha en el PN, lo que convierte al TIPNIS en área protegida con más cultivos de hoja de coca en todo el país. El cultivo de coca genera un triple fenómeno: ampliación de la frontera agrícola, monocultivo intensivo con agroquímicos (Rumbol; Sernap, 2011) y “narco-deforestación” (Fernández-Llamazares A.; Helle J.; et al., 2018) Precisamente, Marcial Fabricano, exdirigente indígena convocado por Unzueta a una asamblea, se quejó porque “los productores y cultivadores de coca ya tienen comunidades para contratar solo para cosechadores de coca. Los jóvenes están como que contratados para la seguridad de esa región”, dijo, aludiendo al avance de la actividad del narcotráfico de la mano de la expansión de cultivos ilícitos de coca.

Se debe mencionar también que la deforestación afecta al extremo norte del TIPNIS, en concreto al alto Sécure que forma parte del tramo III de la carretera. El problema fue iniciado por las concesiones forestales en el límite de la frontera de amortiguación, donde los caminos de tierra fueron abiertos por las mismas empresas forestales legales e ilegales que explotan valiosas especies forestales. Al menos seis empresas ejercían una fuerte presión sobre los recursos maderables del TIPNIS: San Ambrosio Herber, Cimagro, Fátima, Suri, Huanca Rodríguez e Isigo SRL. El negocio de la madera implicó en el TIPNIS “una herramienta de disociación social y debilitamiento de las reglas comunitarias e intercomunitarias para aprovechar el bosque” (Rumbol; Sernap, 2011). Actualmente no hay un seguimiento serio ni por parte del SERNAP, ni la gobernación ni la ABT u otras instancias sobre la magnitud de la explotación forestal legal e ilegal y nuevos asentamientos humanos en este extremo del parque nacional. El punto 9.2.6. del EEIA del Connal para el tramo III advierte sobre procesos de colonización en esa zona que afectarían a los territorios indígenas TIM (Territorio Indígena Multiétnico) y TIPNIS, por lo que estas TCO deberían tener una “planificación de desarrollo estratégica que considere mecanismos de protección” (Connal SRL, 2010).

Existe abundante evidencia científica respecto a que la pérdida de bosques se amplifica alrededor de caminos recién construidos y/o pavimentados en bosques tropicales de África y de la Amazonía, donde Brasil es el caso más emblemático (Pfaff, 1999; Laurance, W.F., Sloan, S. et al., 2015; Barber, C.P., Cochrane, M.A. et al., 2014; Alamgir, M., Campbell, M.J. et al.; 2017; Alves, 2000; Mertens C., 1997). Las carreteras secundarias o sendas de penetración aumentan la extensión espacial de la alteración del hábitat, el caso de las sendas y brechas del polígono 7 lo confirma.

Fernández-Llamazares, Helle et al. (2018) citan el caso de deforestación en la Amazonía brasileña para explicar un posible escenario similar en el TIPNIS; pues en Brasil por cada kilómetro de carretera legal hay casi tres kilómetros de caminos ilegales dentro la Amazonía. Debido a esto, se ha argumentado que la única forma de evitar pérdidas forestales en áreas con alto valor de conservación ecológica es mantenerlos libres de carreteras. Vale decir con esto que no existen “carreteras ecológicas” en bosques tropicales como la Amazonía boliviana, que la única medida ecológica que pueden tomar los gobernantes es no hacer carreteras a través de áreas protegidas biodiversas, además de controlar y prohibir totalmente la apertura de brechas viales.

La promesa de Evo cumplida por sus opositores

En febrero de 2021, durante la campaña electoral, Evo Morales prometió nuevamente una carretera por el TIPNIS: “Ya teníamos plata, con contrato firmado, construir el camino San Ignacio de Moxos-Villa Tunari; eso hubiera estado terminado, como la derecha perjudica está paralizado (…) Hermanas y hermanos: con Lucho presidente, (el) compañero gobernador Alex (Ferrier y el) Alcalde vamos a terminar esas grandes obras de integración”, dijo. Su partido perdió en Beni y resultó ganador como gobernador Alejandro Unzueta, bajo la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido del contrincante Félix Patzi.

Cuando Evo buscaba imponer la vía, no tuvo el apoyo del Comité Cívico ni de la Cámara Agropecuaria de Beni, sectores opositores que ahora sí apoyan la vía. Estas voces se unen, por ejemplo, a dirigentes indígenas aliados al MAS que también abogaron por el sueño de Evo. Entre ellos están, por ejemplo, Carlos Fabricano, exfuncionario de la gobernación del Beni, su esposa exdiputada indígena del TIPNIS por el MAS, Ramona Moye. Fabricano presionó a varias comunidades, sobre todo chimanes, para que acepten el proyecto carretero. En mayo pasado pedía desde su perfil de Facebook “la vinculación San Ignacio Cochabamba ya (sic)”, contra el bloqueo de caminos en la vía que conecta Trinidad con Santa Cruz.

Ahora Unzueta extrapola el llamado “modelo cruceño” agroextractivo para Beni: que las más de 72 mil hectáreas de arroz que produce Beni salgan por esa vía, que los ganaderos de Moxos ya no vendan torillos si no carne envasada al vacío, y no solo vender sus productos a Cochabamba y La Paz, sino conectar sus productos con un corredor bioceánico, que incluso desplazaría a Santa Cruz “porque Brasil la utilizaría para llegar a los puertos del océano Pacífico al ahorrarse 1.200 kilómetros de recorrido”, apuntó. La Cámara Agropecuaria también habla de ahorrarse unos cientos de kilómetros para llegar a los puertos del Pacífico por Desaguadero. Por lo pronto, lo único que sale por esas vías son enormes troncos que dejan un enorme vacío en el bosque.

Referencias

Archivo Documental Isiboro Sécure (2018) Metro a metro, Gobierno avanza carretera dentro del TIPNIS. En: Tipnisbolivia.org.

Cauthin M. (2021) Un cuestionado saneamiento que maquilla cultivos de coca en áreas protegidas. En: LosTiempos.com

Cauthin M. (2018) Pérdida de bosque en el TIPNIS va unida a las carreteras y a los cultivos de coca. En: Tipnisbolivia.org

Cauthin M. (2018) ¿Qué sabemos de los Estudios de Impacto Ambiental de la carretera por el TIPNIS? En: Tipnisbolivia.org

Cauthin M. (2018) Sin planes forestales, el TIPNIS pierde miles de hectáreas de bosques. En: Tipnisbolivia.org

Fernández-Llamazares A., Helle J., et al. (2018) New law puts Bolivian biodiversity hotspot on road to deforestation. En: Current Biology 28, R1–R16, January 8, 2018

Fundación Solón (30/08/18) La carretera por el TIPNIS ¿cómo nos afecta?

Gobierno Autónomo Departamental de Beni (28/06/22) Gobernador aborda con instituciones de San Ignacio de Moxos la construcción de la carretera.

Paredes I. (5/06/22) Resurge la presión para entrar al Tipnis y ‘terminar los 70 km’ de vía que faltan. En: Eldeber.com.bo

Publiagro (19/06/2022) Gobernador de Beni abre debate para retomar carretera ecológica por el Tipnis ante constantes bloqueos en Santa Cruz. En: Publiagro.com.bo

Publiagro (19/06/22) Respaldan la construcción de carretera entre San Ignacio de Moxos a Cochabamba. En: Publiagro.com.bo.

Vargas T. et al. (2012) Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS. Embajada Real de Dinamarca; Fundación Natura; Fundación PIEB, 2012.

Divisiones y tomas de oficinas: ¿qué ocurre en el TIPNIS?

Inicia un nuevo ciclo de conflictos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) por el cambio de nueva dirigencia. Las disputas son contra el directorio saliente encabezado por Domingo Nogales -cuyo mandato feneció la gestión pasada-, desconocido por varias comunidades desde 2017, luego de haber avalado la derogación de la Ley 180 de intangibilidad en beneficio de los proyectos extractivos impulsados por el gobierno de Evo Morales. A partir de ese momento funcionó una dirigencia paralela crítica a esta decisión, que en diciembre pasado -junto a varias comunidades- convocó al 35 encuentro para elegir una nueva dirigencia contra el prorroguismo de Nogales. Actualmente la Central de Pueblo Étnicos Mojeños de Beni (CPEMB) ha pedido que ambos grupos desalojen las oficinas y que un comité ad hoc convoque a un nuevo encuentro en mayo para elegir otra directiva legítima.

Desde 2017 funcionaron dos dirigencias del Tipnis: una dirigencia paralela crítica que en 2018 interpuso una denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza por los previsible impactos de actividades extractivas en el Tipnis, como ser la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Así, mientras la dirigencia de Nogales funcionaba en las oficinas de la Subcentral Tipnis, la dirigencia paralela funcionaba en las oficinas de la Subcentral Sécure, ambas de la ciudad de Trinidad.

Ante la culminación de funciones del directorio de Nogales (y por ende de la dirigencia paralela crítica), varias comunidades demandaron la convocatoria a un encuentro de corregidores (autoridades comunitarias) para una nueva elección de directorio. Fruto de este 35 encuentro salió electo un nuevo directorio encabezado por Benigno Noza, conocido por ser un comunario que defiende el territorio y rechaza la carretera y otros proyectos extractivos en el Tipnis. El señor Noza en uso de sus atribuciones tomó las oficinas de la Subcentral Tipnis en diciembre pasado, sin una directiva que lo reciba. Cabe aclarar, que esta fracción ha aclarado -según declaraciones de la antropóloga especialista en la zona Sarela Paz- haber realizado una convocatoria conforme establecen los estatutos internos del Tipnis: convocaron a todas las comunidades e incluso a la dirigencia de Nogales, así como a la dirigencia crítica a Nogales, asumiendo que el intento de Nogales era prorrogarse en un cargo que ya no le competía.

Entrevista a la antropóloga Sarela Paz sobre el conflicto

Sin embargo, el pasado 9 de febrero, las oficinas de la Subcentral Tipnis nuevamente fueron tomadas por un bloque de comunarios y dirigentes de otras comunidades, sobre todo del Consejo Indígena del Sur (Conisur) -que representa las comunidades yuracarés de la zona avasallada por sindicatos productores de hoja de coca y que por esa razón están influenciados por cocaleros-. Junto a este grupo estuvo Fernando Vargas, excorregidor del Tipnis, cabeza de la VIII Marcha en defensa del Tipnis contra la carretera y recientemente funcionario del gobierno transitorio de Jeanine Añez. Como sostiene Sarela Paz, la presencia de este dirigente contra la nueva directiva crítica a la vía, se debe a un cambio de posición política: antes representaba los intereses antiextractivistas y ahora no, de hecho, la especialista subraya que Vargas haya estado actúando junto a Carlos Fabricano, esposo de una exdiputada indígena del Tipnis por el partido de Evo Morales y funcionario de la gobernación del Beni ocupada por el MAS, persona que presionó a varias comunidades, sobre todo chimanes, para que acepten el proyecto carretero.

Toma de las oficinas de la Subcentral Tipnis por grupos afines a Conisur

Por su parte, el directorio de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), a la que está afiliada la Subcentral TIPNIS, decidió este miércoles dejar sin efecto los mandatos de las dirigencias que disputan la representación del territorio y convocó a un nuevo encuentro de corregidores para el 15 de mayo en la comunidad San Miguelito. La decisión fue asumida junto a cinco corregidores representantes de la Subcentral del Tipnis y cinco del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes avalaron esta medida.

“Los puntos centrales abordados en la reunión orgánica han establecido que (…) ante la falta de unidad orgánica, que debilita las acciones para enfrentar esta y otras necesidades que viene sufriendo el territorio, se han tomado las siguientes definiciones con la finalidad de superar la división orgánica y avanzar hacia la implementación y consolidación del fortalecimiento orgánico”, expresan en el acta de reunión que desarrollaron este miércoles.

Actualmente el territorio se enfrenta a varios problemas estructurales, entre los que está la debilidad orgánica, la falta de una agenda reivindicativa que aborde el problema del área protegida Tipnis y el cambio de director y guardaparques, así como combatir la pandemia y las previsibles inundaciones estacionales.

Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emite sentencia por el caso TIPNIS

La sentencia concluye que Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de la Madre Tierra y formula una serie de medidas de reparación inmediata para el caso TIPNIS.

Este 15 de mayo el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (en adelante el Tribunal) ha hecho pública en su sitio web la sentencia sobre la denuncia de violación a los Derechos de la Naturaleza en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El caso del TIPNIS fue presentado por representantes de la subcentral del TIPNIS y la organización de mujeres del TIPNIS ante el Tribunal durante su sesión en Bonn, Alemania el 7 y 8 de noviembre de 2017. El Tribunal aceptó considerar el caso en enero del 2018 y decidió enviar una Comisión Internacional de Observadores a Bolivia para constatar los hechos y entrevistarse con todas las partes involucradas. Después de su visita a Bolivia, la Comisión conformada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EUA), Enrique Viale (Argentina) y Hana Begovic (Suecia), presentó su informe en enero del 2019, en base al cuál el Tribunal emite la respectiva sentencia por la cual concluye que en el caso del TIPNIS el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de la Madre Tierra, a la vez que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada (p.82).

La región que hoy se conoce como TIPNIS fue denominada “la selva más hermosa del mundo“ por el famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny (1802-1857). Este territorio se convirtió en la “Loma Santa”, en la “Casa Grande” donde los pueblos indígenas Mojeño Trinitarios, Yuracares y Tsimanes encontraron refugio durante la “fiebre del caucho” a fines del siglo XVIII y principios del siglo IXX. Esta región fue declarada Parque Nacional en 1965, y en 1990, después de la Primera marcha por el territorio y la dignidad indígena, asumió la doble categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena. El 13 de febrero de 2009, los pueblos Yuracaré, Tsimane y Moxeño Trinitario obtuvieron el Título Ejecutorial saneado por 1.091.656 hectáreas, cifra disminuida respecto de la demanda inicial debido a los asentamientos de migrantes andinos y de los valles que se dedicaron principalmente a la plantación de cultivos de hoja de coca en la zona que se conoce como el “polígono 7” dentro del TIPNIS.

El año 2008 el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa OAS de Brasil para la construcción de una carretera que dividiría el área protegida del TIPNIS, sin nunca llevar a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental integral de los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera.

En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena, después de sufrir la represión de fuerzas policiales en la localidad de Chaparina, logró la promulgación de la Ley 180 de protección del TIPNIS que en su artículo tres prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o cualquier otra a travesará por el TIPNIS.

El informe de la Comisión Internacional de Observadores que visitó Bolivia entre el 15 y el 23 de Agosto del 2018 presentó evidencias suficientes en sentido de que la mencionada carretera ampliará la deforestación ya presente en el polígono 7, y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca, a la afectación de la biodiversidad y a la perdida irreparable de diferentes seres de la naturaleza. Así mismo el informe de la Comisión presenta evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento libre, informado y de buena fe a los pueblos indígenas del TIPNIS y que los procesos de colonización en el polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos.

En base a todas estas evidencias el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza encuentra probada la denuncia de que el Estado Plurinacional de Bolivia y en particular el Gobierno de Evo Morales Ayma violan los derechos de la Madre Tierra en el caso del TIPNIS. Así mismo el Tribunal considera que el Estado boliviano ha violado los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena del TIPNIS.

La sentencia del Tribunal propone varias medidas de reparación inmediata entre las que destacan:

• La paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado tramo II desde Isinuta a Monte Grande al interior del TIPNIS.
• La abrogación de la Ley No. 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS.
• El reconocimiento del derecho territorial y autonomía del área de las ex concesiones forestales de Bosque de Chimanes a favor del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), para garantizar el control y gestión de la zona norte del TIPNIS.
• La adopción de medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS.
• La anulación de los planes de expansión petroleros en el TIPNIS.
• La identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en el año 2011 en Chaparina.

Seis años después, en 2017, la ley 180 fue abrogada por la ley 969 y es el motivo principal que llevó a la presentación de este caso ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.

• El reconocimiento de responsabilidad Estatal en la falta de justicia hasta el momento y la otorgación de disculpas públicas por parte del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
• La puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra, que a nueve años de su creación por la ley No 71 aún no entra en funcionamiento.
• El cese de toda presión para disciplinar y controlar a las organizaciones que defiende a la Madre Tierra y la otorgación de plenas garantías para que cumplan con esta labor fundamental para la reproducción de la vida en la Tierra.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue creado en el 2013 y sus sentencias se basan principalmente en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que fue adoptada durante la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra realizada en abril del 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. Las resoluciones y sentencias del Tribunal tienen un carácter ético que es fundamental para construir una verdadera comunidad de la Tierra que evite la sexta extinción de la vida en la Tierra. Sin ética ningún gobierno, institución o persona puede recuperar la humanidad que hoy más que nunca se necesita para evitar el colapso de los ciclos vitales de la Tierra.

El Tribunal está conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y científica respecto a los Derechos de la Naturaleza, nombrados por defensoras y defensores de la Madre Tierra de diferentes partes del mundo. En el caso particular de esta sentencia y en vista de que del gobierno de Evo Morales promueve internacionalmente los derechos de la Madre Tierra, se ha solicitado la revisión de la sentencia por otros jueces y juezas que han participado en diferentes audiencias del TIDN y que suscriben la presente sentencia. Los miembros del Tribunal Extendido que firman la misma son: Tom Goldtooth (Dine’ y Dakota, EUA), Cormac Cullinan (Sudáfrica), Vandana Shiva (India), Osprey Orielle Lake (EUA), Simona Fraudatario (Italia), Fernando «Pino» Solanas (Argentina), Ute Koczy (Alemania), Yaku Pérez (Kichwa Ecuador), Blanca Chancoso (Kichwa Ecuador), Maristella Svampa (Argentina), Ruth Nyambura (Kenya), Nnimmo Bassey (Nigeria), Ashish Kothari (India), Enrique Leff (México), Francesco Martone (Italia), Antoni Pigrau (Catalunya), Casey Camp Horinek (Ponca, EUA), Antonio Elizalde (Chile), Horacio Machado Aráoz (Argentina), Rita Segato (Argentina), Valerie Cabanes (Francia), Arturo Escobar (Colombia), Rocío Silva Santiesteban (Perú), Patricia Gualinga (Kichwa Sarayaku), Atossa Soltanio (EUA, IRAN), y Mario Melo (Ecuador).

Ver sentencia en español

15 de mayo: Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza dará a conocer sentencia sobre caso TIPNIS

El próximo 15 de mayo el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) dará a conocer la sentencia sobre la denuncia de violación de derechos de la Madre Tierra en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En la ciudad de La Paz, a las 10 de la mañana de ese día, se realizará una conferencia de prensa convocada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios para socializar la sentencia y luego realizar una ronda de comentarios y análisis por diferentes personas entendidas en la materia. Dicha Conferencia de Prensa se llevará a cabo en el auditorio Julio Tumiri de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Av. 6 de Agosto #548).

En noviembre de 2017, en la ciudad de Bonn, Alemania, la Subcentral de pueblos indígenas del TIPNIS y la Subcentral de mujeres del TIPNIS denunciaron ante el TIDN que los derechos de esta selva amazónica estaban siendo violados por el gobierno de Evo Morales, con la anulación de la ley 180 de protección del TIPNIS y la ejecución de obras sin estudios de impacto ambiental en la zona. A principios de 2018 el TIDN emitió la Decisión Nº1/2018 por la que aceptó considerar el caso del TIPNIS y resolvió crear una Comisión Internacional de Observadores e Investigadores para verificar in situ la denuncia. Esta comisión visitó Bolivia entre el 15 y el 23 de agosto de 2018 y estuvo integrada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EUA), Enrique Viale (Argentina) y Hana Begovic (Suecia).

En enero de 2019 la comisión emitió su informe de la visita a Bolivia en el que afirma que existe evidencia suficiente respecto a actuales y previsibles impactos ecológicos en la zona: deforestación en el polígono siete; expansión de la producción ilícita de hoja de coca; explotación forestal en el Sécure Alto; afectación a la generación hídrica en la zona; afectación a los bosques, fauna y flora; desestabilización de ecosistemas; amenaza petrolera; impactos en la vida de los pueblos indígenas; ataques a defensoras y defensores de la naturaleza; y crisis institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). En su informe, la comisión recomienda sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los Derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos que la reconocen como sujeto de derechos. Este informe fue puesto a consideración del pleno del tribunal y este 15 de mayo se conocerá su veredicto final.

El TIDN está conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza, nombrados por defensoras y defensores de la Madre Tierra de diferentes partes del mundo. El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar sobre casos de violaciones a los Derechos de la Naturaleza por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra adoptada en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia en el año 2010.

El Tipnis y el Madidi, las heridas que sangran en el rostro indígena de Bolivia

El Deber/Iván Paredes Tamayo y Nelfi Fernández Reyes

24 de abril de 2019

Para este reportaje EL DEBER ingresó al corazón del Tipnis para conocer de primera mano la situación en la que viven las comunidades que se oponen a la construcción de la carretera. También conversó con líderes del Madidi que rechazan el avance de hidroeléctricas. Los indígenas están convencidos de que su lucha es por la vida. Este trabajo forma parte de la investigación transfronteriza ‘Tierra de resistentes’ en la que han colaborado equipos de periodistas de seis países.

El rostro indígena de Bolivia está herido. Cada vez que se amenaza y actúa en contra de sus pueblos originarios, sangra cada vez más. Las áreas naturales del Tipnis y el Madidi, ambas en la Amazonia boliviana, son el escenario que pone en evidencia -según cuentan sus líderes- el maltrato a estas comunidades, a pesar de que este país es gobernado desde hace 13 años por el indígena Evo Morales.

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), está ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Sus pobladores han sido protagonistas de marchas hacia la sede de Gobierno y viven en emergencia por el afán gubernamental de construir una carretera que partirá en dos el área protegida donde viven desde hace cinco décadas.

Más al norte, en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado en la parte amazónica del departamento de La Paz en el noroeste del país, los pobladores se han opuesto a la construcción de dos hidroeléctricas y esa defensa se ha convertido en una odisea que ha traído consecuencias negativas a sus familias y poblados.

En ambos casos, hay líderes amenazados, perseguidos y acosados. Cuentan que el haber dado un paso al frente en la defensa de sus territorios les ha llevado a ser víctimas de golpizas y advertencias poco disimuladas a sus familiares de que perderán sus trabajos.

El camino de la discordia

El Tipnis es un territorio de ensueño y lleno de biodiversidad. Abarca 13.722 kilómetros cuadrados y en cada comunidad de esta reserva —de las 63 que existen— hay un corregidor, que es la máxima autoridad indígena. Al sur, sufre deforestación por la incursión de cocaleros que provienen del trópico de Cochabamba, región que ha sido la cuna política de Evo Morales, por lo que su dirigencia es afín al partido en función de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En el centro del Tipnis y en una parte del norte, se consolidó la dirigencia a favor del MAS, pero aún hay pueblos que mantienen la resistencia y la oposición a la carretera, la misma que ya se ha convertido en denuncia internacional. Esta lucha lleva ocho años y ha dejado una estela de sufrimiento. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante la Octava Marcha Indígena hacia la sede de Gobierno, en la que más de 100 indígenas del oriente fueron brutalmente reprimidos y amordazados por fuerzas policiales en una zona conocida como Chaparina, ubicada entre Beni y La Paz.

Fernando Vargas Mosua era el líder de esa marcha. Baja su mirada cuando se le consulta sobre la represión que sufrió el 25 de septiembre de 2011. Dice dice que le duele recordar. Hoy, este dirigente indígena no tiene trabajo, afirma que lo rechazan como obrero porque hay presión del Gobierno y, además, sufrió el secuestro de una de sus hijas y tuvo que abandonar el lugar donde vivía.

Sus días son difíciles, pero no decae. “Creo que la lucha no fue en vano, pero ahora no sabemos qué pasará”, dice con un dejo de amargura y esperanza en su voz. Vive en Trinidad, la capital del Beni, en un modesto cuarto que tiene por paredes unas calaminas improvisadas. Adentro hay tres camas y una pequeña cocina. La casa es de su hermano, que tuvo que acogerlo y protegerlo ante las amenazas y acoso que sufre.

La defensa del Tipnis se remonta a 1990. Los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia dieron inicio a la primera movilización indígena denominada ‘Marcha por el Territorio y la Dignidad’. Esta protesta, que comenzó en Trinidad y tras un mes de caminata finalizó en La Paz (sede de Gobierno), marcó un hito histórico en la lucha de los pueblos indígenas bolivianos porque lograron el reconocimiento del Estado, que oficializó la existencia de los primeros territorios indígenas de la Amazonia boliviana.

Marcial Fabricano Noe, un veterano dirigente indígena que nació en el Tipnis, fue uno de los líderes de esa movilización. Ahora, 29 años después de que encabezará la columna de nativos de la Amazonía, los condujera hasta La Paz y se anotarán como un logro de esa protesta la denominación de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) para el Tipnis -título que protege la reserva ecológica, sus usos y costumbres indígenas-, reflexiona en torno a la situación de sus hermanos y de lo que llama su ‘casa grande’.

Su conclusión es contundente: en los gobiernos que no tenían el rótulo de indígenas como el actual, de Evo Morales, los indígenas eran más escuchados y respetados.

“El gobierno actual (de Evo Morales) ha entorpecido todo este avance que veníamos desarrollando, respecto a tener un espacio propio e igualdad de derechos como ciudadanos bolivianos”, recalca Fabricano.

El dirigente ahora sufre una serie de amenazas. No puede encontrar trabajo, fue perseguido por autoridades del MAS en Beni y su familia recibió advertencias de personas anónimas. Aún así, sigue luchando por su territorio. En 2009, otros indígenas afines al partido de Gobierno lo detuvieron y le dieron azotes, argumentando que era un correctivo enmarcado en la justicia comunitaria, que es avalada por la Constitución Política del Estado.

Cuando se produjo la represión en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011, Evo Morales sufrió la mayor crisis política de los 13 años de gestión. El aparato gubernamental tuvo que hacer una campaña mediática para contrarrestar el impacto en la opinión pública de la brutal intervención policial que buscó disolver la movilización de unos 1.500 indígenas que, siguiendo la misma ruta de la histórica primera marcha de 1990, se dirigía hacia La Paz para manifestar su rechazo a la construcción de la carretera que partiría en dos su territorio ancestral.

Esa protesta consiguió la aprobación de la Ley 180, que declaró intangible al Tipnis y evitó, al menos momentáneamente, que se construyera la carretera por el corazón del parque natural. Sin embargo, en agosto de 2017, el presidente Morales promulgó otra ley, la 266, con la que eliminó la condición de intangibilidad y abrió nuevamente la puerta a la vía.

El Gobierno de Evo congela el proyecto

Evo Morales paralizó el proyecto. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que depende del ministerio de Obras Públicas, no tiene la intención de seguir con la construcción de la vía, que por ahora tiene un tramo pendiente de tres fases. El presidente de la entidad pública, Luis Sánchez, dejó claro que el plan caminero está congelado. “De momento estamos en etapa cero, no hemos entrado a construir nada. Esa es la situación real”, remarca.

Y no es así. Hay dos tramos casi concluidos. En el primero están las bases cocaleras de Evo Morales, donde personas extrañas son vigiladas en cada paso que dan. En el tercer tramo operó la empresa constructora brasileña OAS.

Desde el ministerio de Medio Ambiente y Aguas descartan planes de persecución contra los líderes del Tipnis. El ministro Carlos Ortuño señala que, al contrario, existen planes de desarrollo para los pobladores de la reserva natural. “No existe ningún tipo de persecución (en el Tipnis). El Gobierno está trabajando para que en el Tipnis haya progreso”, detalla la autoridad en contacto con El Deber.

La autoridad cita, por ejemplo, que en el parque existen proyectos de centros de transformación del cacao, curtiembres comunitarias para el manejo de cuero de lagartos en el marco del Programa Nacional de Lagarto y la instalación de carpinterías. Ortuño añade que es prioridad la dotación de agua potable y servicios básicos.

La comunidad que resiste

Trinidacito es la comunidad del Tipnis que más resiste al gobierno de Evo Morales. A esta zona, al norte del área protegida, no llega la atención del Estado y los pobladores viven en condiciones muy precarias y en medio de la pobreza.

Su lucha por evitar la construcción de la carretera les costó muy caro. No tienen agua potable, tampoco energía eléctrica o conexión en telecomunicaciones. La educación solo llega a nivel primario y eso cuando hay maestro. La atención en salud no existe. No hay médicos ni medicinas. Las casas son rústicas y solo se puede acceder a la zona caminando y en avioneta, cuyo costo es impagable para los comunarios, ya que oscila alrededor de 600 dólares el plan de vuelo. Para movilizarse, ellos deben caminar durante días, a fin de hacer negocios en otros poblados. En época de lluvias, los ríos Isiboro y Sécure se convierten en su principal vía de conexión.

Marquesa Teco es líder de la Subcentral de Mujeres del Tipnis. Ella lamenta que en Trinidacito no exista presencia del Estado, simplemente porque sus habitantes demandan la preservación de su territorio. Ella sufrió ataques en Trinidad, adonde tuvo que trasladarse porque sus hijos no podían acceder a la educación en suelo indígena. Su familia también es víctima de amenazas. A Teco la ven como opositora política y eso repercute en que nadie le quiera dar empleo, ni a ella ni a sus seres queridos.

“Mi esposo se fue luego de la gasificación (con gas lacrimógeno) y la represión (en Chaparina). Sufrieron mucho los niños y hubo abortos por la gasificación. A mi esposo lo maniataron y lo despacharon en una movilidad sin conocer su rumbo. Hasta hoy no hay culpables”, reprocha Teco.

Esas versiones tienen su contraparte. Ramona Moye Camaconi es diputada electa por el partido de Evo Morales. Es una indígena que proviene del Tipnis y desecha las posiciones que tienen sus detractores. Ella, como legisladora, dice que lucha por el progreso de su región y niega que los dirigentes sufran algún tipo de persecución por parte del Gobierno. Moye tiene clara su posición y aplaude que se hubiera eliminado la intangibilidad del Tipnis, mediante la ley que se aprobó en 2017.

“Los habitantes de ciertas comunidades que viven en este territorio lograron acceder a viviendas, salud, telecentros, polideportivos y proyectos para unidades educativas. Ahora queda pendiente el tema carretero, que también es un pedido de la gente. No existe ningún tipo de persecución. Es más, los dirigentes que se opusieron a la carretera ahora declaran a los medios y algunos coordinan con organizaciones no gubernamentales”, responde.

La problemática del Tipnis, que alberga a los pueblos indígenas yuracaré, tchimán y moxeño trinitario, también llegó a otros dirigentes como Benigno Noza, Félix Cayuba, Roberto Noza, Carmen Guasebe y Catalina Moy, quienes denuncian amenazas por oponerse a la carretera.

Pablo Solón es un experto en este tema. Fue parte del gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2011, incluyendo tres años como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Se marginó del aparato estatal luego de la represión policial que sufrieron los indígenas que defendían el Tipnis. El especialista, que ahora dirige una fundación que lleva su apellido y que defiende el medio ambiente, hace poesía cuando habla de esta área. Resume que la historia del Tipnis es una historia de dignidad, lucha, gloria, traición, heroísmo, represión, victoria y nueva traición contra los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.

Para entender esta problemática, Solón relata que 19 años después de la victoria de la primera marcha, el Gobierno de Evo Morales otorgó a los pueblos indígenas del Tipnis el título colectivo de su territorio, pero solo por 1.091.656 hectáreas. Para el año 2009, varios asentamientos de campesinos productores de coca habían ingresado al parque nacional y al territorio indígena, ocupando lo que se conoce ahora como el Polígono 7, área donde está prohibido el ingreso a foráneos sin autorización de los colonizadores (miembros de organizaciones sociales, ahora afines al MAS, que producto de la migración de occidente a oriente se asentaron entre otras partes, en el Tipnis).

El experto también destaca que este parque es el hogar de 858 especies registradas de animales vertebrados. Entre ellos se encuentran 470 especies de aves, 108 mamíferos, 39 reptiles, 53 anfibios y 188 peces, además de unas 2.500 especies de plantas sin registradas. Varias de estas especies de animales y plantas son endémicas y están en peligro. “En el Tipnis podemos encontrar diferentes tipos de bosques y ecosistemas. La altitud del territorio pasa de 180 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con un promedio de 350”, apunta.

Pero eso no es todo, es la región donde hay más lluvia en Bolivia, con una precipitación que supera los 3.000 mm por año, es uno de los pulmones de oxígeno y una de las bombas de agua más importantes del país debido a sus bosques, destaca Solón.

El famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny, que exploró Bolivia entre 1830 y 1833, catalogó a este paraíso amazónico como “la selva más hermosa del mundo”, dice Solón, quien llama a la carretera que se pretende construir como el “camino maldito”.

No ve frutos para los comunarios de la reserva natural, que son indígenas, y dice que esta vía sólo beneficiaría a los colonizadores, que en su mayoría son productores de la hoja de coca. En esta zona, la mayor parte de la coca se destina al narcotráfico.

El Tipnis, al que los indígenas llaman ‘la casa grande’, ahora es una palabra que evoca un espíritu de resistencia.

El Madidi: los guardianes del parque más biodiverso del mundo luchan contra las hidroeléctricas

Ellos lo ven como una amenaza y destrucción, el Gobierno de Evo Morales como una prioridad para convertir a Bolivia en el “corazón energético de Sudamérica”. Domingo Ocampo, un indígena mosetén, es parte de “ellos”, de quienes resisten la construcción de dos grandes hidroeléctricas en El Bala y el Chepete.

Ellos, los que forman parte de esa resistencia, son mosetenes, chimanes, esse ejas, lecos, tacanas y uchupiamonas, pueblos indígenas milenarios que han habitado “desde siempre” en el Madidi, un área protegida considerada la más biodiversa del mundo y por la que el año pasado Bolivia ‘sacaba pecho’ ante el mundo, luego de que una expedición de científicos encontró al menos 124 especies de animales y plantas que pueden ser consideradas nuevas para la ciencia.

Domingo Ocampo cree que defender el Madidi del avance de las hidroeléctricas es cuestión de vida aunque después de dos años y medio de lucha haya significado poner en riesgo su vida, igual que los demás defensores que se han convertido en los guardianes del Madidi. “Si no lo hacemos, qué le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos”, pregunta.

La Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, conformada por 17 comunidades indígenas, el 10 de noviembre de 2016 tuvo que acudir por segunda vez a un método que le había funcionado en 2001, cuando su territorio también se sentía amenazado: bloquear el estrecho de El Bala.

Pero, ¿cómo se puede bloquear un río? Domingo sonríe al otro lado del teléfono, mientras de fondo se oye el canto de los pájaros. La tecnología permite que desde el corazón de la amazonía, en la comunidad Torewa, cuente su historia. “Estiramos alambres de orilla a orilla del río para que no pasen las embarcaciones”, dice.

 

La Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi en noviembre de 2016 frenó los trabajos de exploración de la empresa Geodata

 

Las embarcaciones que bloquearon en aquel entonces pertenecían a una empresa subcontratada por la italiana Geodata, que se había adjudicado los estudios de identificación con miras a la construcción de hidroeléctricas, proyecto que en 2007 había sido declarado de interés nacional, a través del Decreto Supremo N°29191, y que ocho años después el mismo Evo Morales anunció una inversión de 7 millones de dólares porque, según sus cálculos, significará la generación de 4.000 megavatios (MW) de energía eléctrica y que, a la vez, se traducirá en exportación de este recurso a la región y por ende, en ingresos económicos.

El plan del gobierno de Evo, quien está al mando de Bolivia desde 2006, es exportar electricidad a partir de 10.000 megavatios (MW) de potencia instalada de varias hidroeléctricas. Esta cifra es cinco veces más que la actual y si se cumpliera este objetivo, hace notar la Fundación Solón, especializada en el estudio de las hidroeléctricas en Bolivia, “no llegaría a representar ni el 2% de la potencia instalada en Sudamérica, por lo que la frase ‘Bolivia, corazón energético de Sudamérica’, con la que el gobierno inauguró su tercera gestión es un slogan sin asidero en la realidad”.

¿En qué le afecta esta la meta del Gobierno a los indígenas de Madidi? Dos de los cuatro megaproyectos hidroeléctricos con los que se planea generar los 10.000 MW de potencia hidroeléctrica están dentro de sus territorios, El Bala y Chepete, inundarían un área mayor a 771 km2. De modo que la reserva natural y riqueza cultural del parque más biodiverso del mundo, así como de la reserva de la biosfera y territorio indígena Pilón Lajas, estarían en inminente peligro de desaparición y desplazamiento.

Y la bronca es, dice Domingo, que los procesos administrativos y de exploración comenzaron sin siquiera tomar en cuenta a los pueblos ancestrales que habitan allí. Así se violó el mandato de la Constitución Política del Estado que, en su Artículo 30, garantiza el “derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada”.

Además, en el Artículo 352, la Carta Magna de Bolivia sostiene que “la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

Pedir que se respete la ley los puso en el frente de la oposición de un Gobierno liderado también por un indígena. Este es el aspecto que más les duele.

En esto coincide Alex Villca Limaco, uno de los jóvenes líderes indígenas más activos que está al pie del cañón en la defensa de su territorio. Justo fue él uno de los que animó al casi septuagenario Domingo para que no baje la guardia. Domingo estaba cansado de pelear con Goliat, de que sus mismos hermanos “fueran cooptados” a cambio de obras; de que a la Comunidad Campesina Torewa, de la que es secretario general, le crearán una paralela con colonos afines al partido político de Evo Morales y le titularan las tierras, convirtiendo a los torewas originarios en inquilinos en su propia tierra; de que lo tildaran de divisionista y de oponerse al progreso para su pueblo y de que lo defenestraran en las redes sociales, entre otros métodos de disuasión que, según denuncian los líderes indígenas, utilizan los ‘agentes’ del Gobierno para doblegarlos.

Estas presiones llegaron después de que, en noviembre de 2016, bloquearan el estrecho de El Bala durante diez días y obligarán a la empresa que hacía los estudios de identificación a retirarse. Fue su primera victoria, pero apenas el comienzo de una gran lucha que está lejos de terminar, apunta Alex.

Alex es de la Nación Uchupiamona. Además de haber trabajado como guardaparque en el Madidi, se licenció en turismo en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, e hizo un posgrado en esta misma área. Se conoce palmo a palmo el territorio que defiende así como los costos socioambientales derivados de la construcción de hidroeléctricas. A él las amenazas también le han llegado de diferentes formas. Una de ellas, su formación. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, negó su identidad indígena “por haber estudiado en la universidad y tener un emprendimiento ecoturístico”, denuncia él.

Según archivos de prensa, lo que el ministro Sánchez declaró fue lo siguiente: “Hay algunos voceros, pero son voceros de las ONG (…). Una persona que decía no al Bala, pero, según (los) comentarios de los mismo compañeros indígenas nos decían que él (Alex Villca), era uno de los (que) tenían una empresa de turismo importante y por eso hablaba esas cosas y además, habría hecho maestría en una universidad de La Paz. Entonces ya no es indígena, ya tiene otra visión de obstaculizar los proyectos”.

Pero, ahí no cesaron los ataques. El joven líder señala que ‘voceros’ del Gobierno también le hicieron llegar amenazas, incluso a través de su familia, para que cese en su activismo, caso contrario le cerrarían su negocio. Esas amenazas quedaron en solo eso: amenazas, pero no sucedió lo mismo en el plano digital.

La creación de perfiles falsos en las redes sociales y la deslegitimación es algo con lo que lidia constantemente. Igual que otra de sus compañeras de lucha, la indígena uchupiamona Ruth Alipaz.

A ella, que también logró formarse en Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) e impulsa un proyecto en observación de aves, los dardos le empezaron a caer desde abril de 2018, cuando denunció ante el plenario del Foro Indígena de la ONU que unas 51 comunidades indígenas y campesinas en Bolivia perderán sus tierras o se verán afectadas si el gobierno de Evo Morales ejecuta los megaproyectos hidroeléctricos.

El Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), señala que en torno a las hidroeléctricas se advierten cambios e impactos ambientales que podrían ser irreversibles. Ríos ubicados aguas abajo de las represas a construir disminuirían drásticamente sus caudales, la biodiversidad acuática disminuiría (rompiéndose el ciclo de reproducción), afectando a los humedales del entorno y a la pesca de subsistencia de los pueblos originarios. Río arriba, las inundaciones tenderían a ser más frecuentes, y provocaría mayor erosión y sedimentación. La suma de estos impactos provocaría la migración y el desplazamiento de comunidades que dependen de la flora y fauna de la región. A esto se suma la modificación del clima local y la pérdida de conectividad entre los ríos de montaña y la llanura.

Según el ex diplomático Pablo Solón, el embalse del Chepete sería de 677 kilómetros cuadrados y el de El Bala abarcaría 94. De concretarse el proyecto, ambos embalses inundarán un total de 771 kilómetros cuadrados. Eso significa que los dos embalses cubrirían un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz, sede de Gobierno.

La inundación del Chepete y El Bala significaría la afectación a 3.214 habitantes, pero eso no es todo: en las áreas colindantes a los embalses, otras 1.950 también deberían desplazarse a otros lugares. En total, concluye Solón, deberían ser relocalizadas 5.164 personas, en su absoluta mayoría pobladores indígenas y campesinos.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, detalló en mayo de 2018 que el Chepete, según el estudio de prefactibilidad, era conveniente. Pero no sucedió lo mismo con El Bala, que tenía precios altos para el mercado de la época.

“Hay dinámica en esto, por lo tanto, estamos trabajando en base a la prefactibilidad, en base al mercado en situaciones que sean factibles, no vamos hacer diseño de algo que no sea factible. No vamos a construir algo que signifique pérdida, por el amor a Dios, eso no vamos hacer jamás, nunca vamos hacer instalaciones que signifiquen pérdida para el Estado boliviano”, declaró en esa época Calderón.

La autoridad remarcó que las versiones de los detractores a los proyectos hidroeléctricos se sustentan en documentos parciales y no en el estudio final, que por ahora no se conoce su resultado. Para este reportaje se requirió una nueva entrevista con el ministro de Energías, pero hasta la fecha del cierre de este reportaje no fue posible.

Para esta investigación El Deber buscó al viceministro de interculturalidad Rodolfo Machaca, pero -al verse envuelto en un escándalo por no pagar pensiones para su hijo- se negó a atender la solicitud. Posteriormente renunció y esta cartera de Gobierno continuaba, hasta el cierre de este reportaje, en acefalía. También solicitamos una entrevista con el Canciller Diego Pary, indígena quechua, pero las preguntas enviadas al área de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores siguen sin respuestas.

A finales de marzo, el presidente Evo Morales se refirió a su plan para fortalecer el desarrollo de Bolivia en El Pueblo es noticia, un programa de la televisora del Estado, en la antesala de su resistida reelección para la gestión 2020-2025. En uno de los trece pilares de su ‘Agenda del Bicentenario’, se refirió a que Bolivia al año 2025 “será un país productor y transformador de alimentos, productor y exportador de energía eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico”.

El mandatario boliviano visualiza que para 2025 el país tendría una capacidad de producción de 6.000 megavatios de energía eléctrica. “Propuse 9.000 megavatios y algunos ministros dijeron que estaba loco, pero miren ahora estamos cerca de esa meta (…) Si nos dejan ejecutar El Bala y Chepete llegaremos”, sostuvo.

Evo también se refirió a vivir en armonía con la naturaleza. “Es obligación del Estado garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a esos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra”, dijo, refiriéndose al pilar de su ‘Agenda del Bicentenario’ referida a la “soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.

Actualmente, según un estudio de la Fundación Solón publicado en febrero de 2019, El Bala y Chepete ya disponen de la siguiente documentación: un estudio de identificación que define su ubicación realizado por la consultora italiana Geodata, las fichas ambientales y un estudio de diseño técnico de preinversión que está en elaboración.

La resistencia logró paralizar el proyecto, por ahora. Pero hay voces que buscan revivirlo, por lo que –para los pobladores del Madidi- la defensa no para. Los resistentes no quieren más sangre en el rostro indígena de Bolivia.

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Los indígenas del Tipnis, que se oponen a la construcción de una carretera por en medio de su territorio y debido esa oposición acusan el abandono del Estado y persecución a sus líderes. Igual que los del Madidi, se sienten doblemente heridos y luchando contra Goliat porque es un “hermano indígena” quien ahora dirige el gobierno de Bolivia y no los escucha. Más al contrario, que los tiene como opositores.

LAS VOCES DE LOS INDÍGENAS QUE DEFIENDEN SU TERRITORIO

Fernando Vargas Mosua: “Mi hija fue secuestrada”

Aquel 25 de septiembre de 2011, él era uno de los que lideraba la marcha indígena hacia La Paz. Se oponían a la construcción de una carretera por medio del Tipnis. Era un domingo y en pleno descanso sintió los golpes de los policías. Así iniciaba una represión contra los indígenas que defendían su territorio. A él lo maniataron, golpearon y luego subieron a un bus con rumbo desconocido. Lo dejaron en una población cercana y escapó, junto a otros indígenas, al reencuentro de la marcha. Los episodios tristes continuaron después de la marcha de 64 días, que logró paralizar temporalmente el proyecto carretero. Dice que a consecuencia de esta protesta recibió desde amenazas de muerte hasta el secuestro de una de sus hijas en 2015. Derrama lágrimas al recordarlo. Fue la prueba más dura que, incluso, lo llevó a abandonar su lugar de residencia, pero no su lucha en defensa del Tipnis.

Roberto Noza Temo: “Nos castigó (el Gobierno) por no dar el último voto”

Para el veterano dirigente que participó de la primera marcha indígena en 1990, vivir amenazado se convirtió en una costumbre. Desde ese logro las amenazas no pararon, pero lamenta que en un Gobierno llamado popular e indígena siga esa forma de persecución. “Este territorio está amenazado por muchas cosas. Anularon una ley que no nos hace dueños de nuestro territorio. Pero aún así seguiremos luchando para que nuestros hijos y nietos tengan su territorio natural. No estamos en contra de las cosas buenas que hace este Gobierno. Como no hubo frutos en esta comunidad, el último castigo fue sacarnos a los médicos y enfermeros. Todo esto por defender nuestro territorio”, sostiene. Ve como un castigo el abandono gubernamental a las comunidades que se oponen a la carretera e insiste en que esa resistencia le afectó a él y su familia en el ejercicio del trabajo en ciudades capitales vecinas al Tipnis.

MARCIAL FABRICANO NOE: “Me flagelaron solo por hablar de la libertad”

Es un veterano dirigente indígena moxeño trinitario que no se cansa de resistir. Lideró la primera marcha indígena de tierras bajas en Bolivia en 1990. Sereno y con voz firme, Fabricano no deja de mencionar a Dios en sus declaraciones. Dice que, lo que le duele más es haber sido agredido por el gobierno de un presidente indígena. Tras lidiar con varios mandatarios de derecha y neoliberales, Fabricano concluye que tuvo más acuerdos con ellos que con Evo Morales. Los últimos diez años lo pasó mal. La persecución que sufre y que responsabiliza a personeros del Gobierno, evita que pueda encontrar un trabajo. Vive de la agricultura y de charlas que brinda en universidades. Con dolor recuerda que en 2009, la parte indígena que apoyaba al Movimiento Al Socialismo (MAS) lo torturó con 38 azotes, por no alinearse -según su versión- a las políticas que impulsaba el partido oficialista.

CARMEN GUASEBE NOE:  “El Gobierno nos dio la espalda”

Es la líder femenina de la comunidad Trinidacito. Su mayor preocupación es ver a sus hijos con escasa educación. En ese poblado las clases no empiezan a tiempo y la enseñanza no llega a nivel superior. Eso obliga, dice, a que muchas familias migren a ciudades capitales. A su vez, esa migración conlleva a la desaparición de los pueblos, a pesar del compromiso gubernamental de llevarles educación. “Vino el ministro Juan Ramón Quintana a prometer la construcción de una escuela, pero no hay nada. Nos prometen todo. Ya no confiamos en la gente que llega, porque solo son promesas. Acá la escuela está hecha por nuestras manos, como muchas obras. Pero además no tenemos acceso a la comunicación, no tenemos internet, a pesar de que llegaron a instalar un telecentro”, reclama, firme en su creencia de que la resistencia a la carretera provocó que el Gobierno deje a un lado las demandas de su comunidad.

MARQUESA TECO MOYOVIRI: “Los pueblos indígenas seguimos en la lucha”

Es experta en artesanía. Realiza sombreros tejidos a mano con paja. Sobrevive con los ingresos de esa ocupación, aunque admite que es muy poco para mantener a su familia. Afirma que ser activista de la defensa del Tipnis le ha traído como consecuencia que a ella y a su esposo se le dificulte encontrar trabajo. Marquesa sufrió, según relata, persecución por parte de los grupos afines al Gobierno del MAS e incluso intentaron desalojarla de su sede, ya que ella representa a las mujeres de la reserva ecológica. “Hemos sufrido mucho en esta lucha por defender nuestra casa grande que es el Tipnis. Como mujer sufrí mucho, fui amenazada, me dijeron que no era del lugar y los grupos afines al MAS nos desconocen. Pidieron que nos desalojen de nuestro territorio. Como dirigente sufrí un intento de desalojo de la sede de las mujeres indígenas”, señala la líder indígena.

CATALINA MOYE YUBANARE: «Nuestro vivir en el Tipnis es triste por el abandono”

Vive en la comunidad Trinidacito, de donde es dirigente. Llama al Tipnis su ‘casa grande’ y cree que su defensa es cuestión de vida; sin embargo, esta acción ha derivado en problemas no solo para ella, sino también para su hermana, que tuvo la posibilidad de estudiar Enfermería en Trinidad, la capital de Beni. La joven profesional trabaja en un hospital público administrado por la Gobernación de ese departamento, que ahora está al mando del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señala que lo que nunca creyó que pasaría, pasó: amenazaron a su hermana con despedirla del trabajo por su lucha contra la carretera. “Le dijeron que, si no estaba a favor del Gobierno, la iban a despedir y que, si yo sigo en la resistencia, también sería echada. Es la única hermana profesional y ella ayuda económicamente a la familia”. Califica de “triste” la situación en la que se encuentra su comunidad.

BENIGNO NOZA SEMO:  “Defendemos la herencia de nuestros padres”

Es directo. No da vueltas al momento de hablar. Va sin miedos y acusa al Gobierno del MAS de anunciar obras fantasmas en su comunidad, Nueva Galilea, al norte del Tipnis. Esa denuncia la hizo en 2017 y hasta ahora, según cuenta, sufre persecución política. No puede quedarse en un lugar sin recibir amenazas. Y no solo él, también su familia. Agarra un viejo folleto de propaganda gubernamental. En ese material se ven fotografías de infraestructuras que, supuestamente, la administración de Morales construyó. Se ven una escuela y viviendas sociales. Noza dice que no hay nada y que ahora recién se está construyendo un pequeño colegio. Quería trabajar ahí como albañil, pero le negaron. “Después de hacer esa denuncia en Trinidad, no puedo encontrar trabajo. Solo dije la verdad: en mi comunidad no había obras, toda esa propaganda era fantasma y querían engañar a la población”, lamenta.

RUTH ALIPAZ CUQUI: “Estamos luchando contra la hidroeléctrica”

Es orgullosa de sus raíces uchupiamonas, una de las 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009 con la que Bolivia dejó de ser república y se convirtió en Estado Plurinacional. Pese que, desde el Gobierno la han tildado de formar parte de la minoría que se opone al desarrollo y de negarle su condición de indígena, ella no cesa en su lucha. Tampoco la amilanan ‘las trabas’ del sistema de impuestos a su emprendimiento en observación de aves y proyectos ecoturísticos, que se han traducido en la hipoteca de su vivienda. Ella va de frente y sin miedo. “Cuando las puertas se cierran en Bolivia, ¿qué queda? Salir donde podemos ser escuchados. Por eso en abril de 2018 acudimos a las Naciones Unidas para denunciar la violación a nuestros derechos como pueblos indígenas”, dice. Resume que su lucha contra las hidroeléctricas es porque “borrarán del mapa el territorio de seis naciones indígenas. Es por el derecho a existir”.

FÉLIX CAYUBA YUCO: “”El Gobierno nos ha marginado, pero seguimos firmes”

Es el corregidor de la comunidad Trinidacito, al norte del Tipnis. Siente que la resistencia que viene realizando hace años perjudica el desarrollo de su pueblo, que ahora está abandonado de cualquier iniciativa gubernamental. No sufrió amenazas ni ataques directos, pero el ver a su comunidad abandonada, le pesa mucho más. “El Gobierno no llega acá porque es una comunidad de resistencia a la carretera. A nosotros no nos favorece en nada ese camino, pasa muy lejos de acá. Por eso nos oponemos y por eso nos abandonan. Eso duele más que uno propio reciba ataques directos o familiares, ya que ver a tus hermanos sin trabajo, a los niños sin estudiar y a la gente sin agua ni luz, duele mucho más”, dice. Trinidacito es una de las pocas comunidades que resiste contra la carretera en medio del Tipnis. La población no tiene agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y el acceso a la salud es precario.

ÁLEX VILLCA LIMACO: “Por mi acción de defensor he sido desconocido como indígena”

“Ríos para la vida, no para la muerte”. Es la máxima de la lucha contra las hidroeléctricas de este joven indígena uchupiamona que se ha convertido en guardián del Madidi. Ser defensor del medioambiente en Bolivia es complicado, dice, “por la persecución, el amedrentamiento, la descalificación y los intentos por acallar a quienes se constituyen en voces de resistencia”. Cuenta que gente afín al gobierno del MAS lo ha calificado de todo. Por ejemplo, lo acusan de recibir dinero de ONG para oponerse a las hidroeléctricas, de ser un ‘agente del imperio’ o de la derecha, pero el colmo -dice- fue “ser desconocido como indígena por haber estudiado una maestría e impulsar el ecoturismo en su territorio”. Afirma que los ataques no quedaron en descalificativos públicos o en redes sociales, sino que llegaron hasta su familia y que incluso amenazaron con cerrarle sus emprendimientos. Pese a ello, sigue firme en su lucha.

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• Investigación: Iván Paredes Tamayo y Nelfi Fernández Reyes
• Imágenes: Alejandro López Baptista
• Colaboración: Pamela Rocha, Alexander Vidal y Pablo Cambará

Semejanzas entre Tariquía y el TIPNIS, dos reservas invadidas por el Gobierno

María Carballo / Página Siete

Miércoles, 27 de marzo de 2019

¿Qué tienen en común Tariquía y el TIPNIS? Quizá lo principal es que ambas son reservas naturales, pero también resalta el rol del Gobierno que, con fines distintos, quiso o quiere ingresar a esos territorios para desarrollar proyectos que generaron una resistencia de parte de los indígenas que habitan esas tierras.

Página Siete recopiló algunas semejanzas con relación a estos conflictos que en apariencia tienen factores en común que ya fueron observados, por ejemplo, por el expresidente Carlos Mesa, para quien el conflicto de Tariquía “terminó de sepultar” el discurso de protección al medioambiente del gobierno.

1. Reservas naturales por Decreto

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía fue establecida el 2 de agosto de 1989 bajo Decreto Supremo N° 22277 y Ley N° 1328. El área protegida está situada al suroeste del departamento de Tarija.

El TIPNIS, en tanto, es un área protegida creada como Parque Nacional mediante Decreto Supremo 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990, gracias a las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de la región. Está ubicado entre los departamento del Beni (Moxos) y Cochabamba (provincia de Chapare y Ayopaya).

2. Resguardan gran parte de la biodiversidad del país

Tariquía posee una extensión de 246.870 hectáreas donde se hallan representadas las ecorregiones Gran Chaco, Bosque tucumano boliviano, Chaco serrano y los Bosques secos interandinos. Tiene el objetivo de conservar la biodiversidad del ecosistema de esta área protegida y cumple las funciones ecológicas como la producción y purificación de agua de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, según datos del Sernap.

En el caso del TIPNIS, los datos del Sernap revelan que tiene aproximadamente 1. 236 296 ha (12.363 km²) y se encuentra ubicada en la zona de alta diversidad biológica incorporando cuatro formaciones vegetales importantes exactamente emplazada en la faja subandina, siendo después del Parque Nacional Madidi una de las regiones con mayor biodiversidad mundial.

3. Gobierno hace caso omiso de los reclamos

Tariquía: Las protestas en defensa de Tariquía datan de 2017. En octubre de ese año, dirigentes y activistas protestaron  en La Paz en contra de las tareas de magnetotelúrica que realizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de la empresa Bolpegas en Tariquía, como actividad previa para iniciar procesos de exploración petrolera.

En mayo de 2018, una marcha en defensa de la Reserva Nacional llegó hasta las puertas del edificio de YPFB en pleno centro de La Paz, donde realizó un plantón para exigir la anulación de los contratos petroleros suscritos en las áreas de San Telmo Norte y Astillero, que, aseguran, no contaron con la consulta ni consentimiento de las comunidades campesinas de la reserva.

El 27 de febrero, comunarios de Chiquiacá, sector que pertenece a Tariquía, denunciaron que personal de Petrobras se constituyó en el lugar con resguardo policial para realizar trabajos de exploración pese a la oposición de los habitantes.

Poco después, el diario Los Tiempos informó que según los datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), sobre la base de una información publicada por el Ministerio de Hidrocarburos, en Tariquía existen cinco bloques de exploración petrolera que son: Huacareta, San Telmo (norte), San Telmo (Sur), Churumas y Astillero. De las 246.870 hectáreas que tiene la reserva, 136.277 están comprometidas para la exploración petrolera.

TIPNIS: Los indígenas de tierras bajas emitieron varios pronunciamientos públicos para rechazar la construcción del Tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que según los comunarios divide el parque y afecta la biodiversidad. El Gobierno instaló varias mesas de diálogo con el sector sin ningún resultado óptimo y las obras en el lugar continuaron.

Incluso, los indígenas se movilizaron en 2012 desde Beni hasta La Paz para demandar respeto a sus derechos y decisión de no construir la carretera. Luego de la marcha, el gobierno aceptó declarar la intangibilidad de ese territorio, pero tiempo después decidió quitar esa cualidad debido a que otro grupo de indígenas, afines al MAS y a los sectores cocaleros, demandó proyectos productivos y la carretera para su desarrollo.

4. Intervención policial

A pesar del compromiso firmado el 1 de marzo con las comunidades campesinas que rechazan la actividad petrolera en Tariquía, el Gobierno decidió romper, el 20 de marzo, de manera unilateral el acuerdo e ingresar con el uso de la fuerza policial al área protegida. El Ministerio de Hidrocarburos justificó la acción bajo el argumento de contar con el apoyo de quienes tienen «voz y voto» para dar viabilidad a los proyectos y, ya en el lugar, explicó sobre las actividades petroleras a seguir. A cuatro días de concretarse una reunión comprometida entre las partes en conflicto, el Gobierno decidió enviar un contingente policial fuertemente armado a la zona para abrirle paso a Petrobras y Chaco para que realicen actividades de exploración y explotación hidrocarburífera.

Respecto al TIPNIS, los encuentros con autoridades no alcanzaron una solución y en agosto de 2011 inició la histórica VIII marcha indígena. El 25 de septiembre, al menos 500 efectivos policiales intervinieron violentamente la marcha indígena en Chaparina, a unos 60 kilómetros de San Borja. Los indígenas fueron golpeados, amordazados y maniatados con cinta adhesiva. Un grupo fue llevado a la fuerza a Rurrenabaque y otro huyó a San Borja. Al día siguiente varias familias se reencontraron en Borja. Seis días después, los indígenas retomaron la marcha desde Quiquibey.

La represión policial causó indignación en la población y la marcha llegó a La Paz días después y fue recibida por miles de paceños que salieron a las calles a mostrar su solidaridad. La agresión provocó la renuncia del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien denunció que la Policía rompió la cadena de mando y actuó de forma autónoma para reprimir a los indígenas. También se alejó del cargo la ministra de Defensa, Cecilia Chacón.

El 24 de octubre, el presidente Evo Morales promulga la ley de protección del TIPNIS, que declara a la zona como intangible. Gobierno e indígenas llegan el 4 de diciembre a un acuerdo sobre la reglamentación, que pone límites a la intangibilidad. La marcha retornó a su región días después.

5. Ataque a los dirigentes

Tariquía: El pasado 23 de marzo, el presidente Evo Morales cuestionó a las autoridades tarijeñas y sectores opositores, al indicar que estarían “en contra del desarrollo” del departamento como del país. “Algunas autoridades piden más plata, pero no dejan trabajar. Eso no se puede entender. La Madre Tierra nos da y nos brinda recursos naturales, metálicos, no metálicos, hidrocarburos. Después de nacionalizar,  ahora le damos valor agregado a nuestros recursos naturales”, declaró el mandatario.

TIPNIS: Los dirigentes también fueron desprestigiados por el Gobierno. La VIII marcha indígena se realizó bajo el liderazgo de los dirigentes Fernando Vargas, Adolfo Chávez y el ahora exdiputado del MAS, Pedro Nuni. El Ejecutivo atacó a estos con el argumento de que Vargas era traficante de madera. Por otro lado, las cámaras de Bolivia TV, el canal estatal, filmó una fiesta particular en la casa de Nuni para mostrarlo públicamente en estado de ebriedad. En ambos casos, se denunció que el Gobierno no cumplió con la consulta previa a los habitantes.

UN PLAN ALTERNATIVO PARA LA INVERSIÓN EN EL TIPNIS

[s.f., Luis F. Pacheco, D.Cs.] «Las razones que se esgrimen para justificar la construcción de una carretera por el TIPNIS incluyen el supuesto mejoramiento del acceso a salud, educación y opciones

TIPNIS: indígenas no creen que Gobierno frenó la vía

Página Siete, 19 de febrero de 2019

Maquinaria para construir puentes en el TIPNIS, 2017. Foto: Beatriz Layme

La dirigencia del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazó el informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que da cuenta de que el Gobierno decidió frenar el proyecto carretero por la reserva indígena y natural.

Denunció además que la expansión de colonos y cocaleros al interior del área protegida sobrepasó al menos 100 hectáreas la línea roja del Polígono 7.

La vicepresidenta de la Subcentral del TIPNIS, Cecilia Mayoviri, afirmó que las comunidades indígenas creerán que las obras quedaron paralizadas cuando los colonizadores y cocaleros respeten la línea roja del Polígono 7.

“No le creemos nada; nos dicen que la carretera quedó en cero para que pase lo mismo que en Tariquía, que ya no entrarán las petroleras para que las comunidades afectadas dejen de organizarse, igual como pasa con El Chepete Bala, todo para dispersar a la gente (…). Nosotros seguiremos en pie, en resistencia”, aseveró.

La semana pasada, el presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez, aseguró durante la audiencia pública de cuentas, que el Gobierno decidió frenar el proyecto carretero por TIPNIS.

“Está en etapa cero, el Gobierno no ha empezado a construir la carretera, no comenzamos a construir la carretera”, insistió.

Sin embargo, Mayoviri no dio crédito a la versión, pues consideró que se trata de una versión más, pues en los hechos hay un avance inminente de comunidades de colonos y cocaleros más allá del Polígono 7.

“Si calculamos una hectárea de familia, estamos hablando de más de 100 hectáreas que se sobrepasaron la línea roja”, dijo la dirigente indígena.

La ABC afirma que el Gobierno frenó la carretera por el Tipnis

Los Tiempos 16/02/2019

Foto: Codapma, 2017. Tramo III de la vía iniciada por el extremo norte del TIPNIS

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez-Gómez, aseguró durante una audiencia pública de cuentas que el Gobierno decidió frenar el proyecto carretero por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), y que por tanto, la obra se encuentra actualmente  en “etapa cero”.

“El Gobierno no ha empezado a construir la carretera, no comenzamos a construir la carretera”, insistió en el auditorio de Entel.

Sánchez-Gómez dijo que había un contrato de la ABC con una empresa para hacer un diseño para la construcción, pero que “el Gobierno decidió frenar ese proyecto (…). De momento estamos en etapa cero, no hemos entrado a construir nada, esa es la situación real”.

Sin embargo, el año pasado durante la visita de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza a Bolivia, esta fue bloqueada, retenida e impedida de ingresar al Polígono 7 del Tipnis, donde varios medios de comunicación pudieron constar la construcción de puentes y la apertura de carretera con el propósito de consolidar el trazo por el medio del área.

Líderes indígenas del Tipnis se hicieron presentes esta semana en la ciudad de Sucre para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las vulneraciones a sus derechos.

En agosto de 2018, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que “nadie está construyendo una carretera. Todo el mundo demanda la carretera, pero ahora mismo no hay la construcción de una carretera”.

Conozca la resolución del encuentro del TIPNIS (2010) en la que indígenas desconocen al CONISUR

Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y otras autoridades originarias desconocieron al Consejo Indígena del Sur (CONISUR) en una resolución firmada en 2010, durante un encuentro de autoridades indígenas de la región Isiboro-Sécure.

Se trata de la resolución No. 0004/2010 del XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del  TIPNIS, que ha podido ser rescatada y ahora se encuentra en el Archivo Documental Isiboro Sécure. Un repositorio documental con casi 800 documentos sobre los últimos 30 años de historia del TIPNIS que permite la consulta libre online, digital y física a todas aquellas personas comprometidas con las luchas por los derechos indígenas. En el texto que se ha rescatado, los participantes del encuentro arremeten contra el  CONISUR por los siguientes motivos.

Durante el XXIX encuentro celebrado en la comunidad San Miguelito del río Isiboro en el año 2010, los participantes abordaron las acciones de división organizativa «que atentan la integridad territorial y la unidad de los pueblos indígenas del TIPNIS» que -según ellos- ha estado promoviendo el CONISUR. La resolución expone que han sido los corregidores y comunarios del territorio indígena quienes han denunciado que -entre otras cosas- el CONISUR atenta contra la vida de los indígenas «llevando a confrontaciones con los colonos». Además, consideran que la creación del CONISUR ha sido fruto de intereses políticos.

Por estos motivos, los corregidores del XXIX encuentro resuelven desconocer toda representación del CONISUR en el TIPNIS y solicitan la anulación de su personería jurídica al Consejo Municipal de Villa Tunari. Asimismo, exigen a la Subcentral TIPNIS, CPEM-B y CIDOB la función de hacer cumplir dicha resolución.

¿Qué es el CONISUR?

El Consejo Indígena de las Comunidades del Sur (CONISUR) se funda en 1998, en un principio como representación de las comunidades moxeñas y yuracarés: Limo, Santo Domingo, Santa Anita, San Benito, Sanandita, La Angosta, San Antonio, Tres de Mayo, San Jorgito y San Juan del Ichoa. Comunidades ubicadas al sur del TIPNIS en lo que hoy se conoce como Polígono 7 o zona colonizada. Un área de aproximadamente 100 mil hectáreas que desde finales de los años 70 ha padecido un proceso de colonización que se alarga hasta nuestros días. Esta área colonizada se estima haya perdido en los últimos 40 años el 58% de su bosque.

En algunos momentos, el CONISUR ha realizado conjuntamente a la Subcentral TIPNIS y otras organizaciones del TIPNIS acciones de defensa territorial, como ocurrió en 2009 durante los desalojos de colonos que habían cruzado la línea roja del TIPNIS asentándose en la TCO de manera ilegal.

Aún así, las denuncias de los defensores del TIPNIS hacia el CONISUR han sido generalmente por las acciones de ésta en favor de los intereses de las poblaciones colonas y productores de hoja de coca asentadas en el Parque Nacional Isiboro Sécure. Precisamente, durante la visita de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza al TIPNIS en 2018, miembros del CONISUR y colonos campesinos bloquearon la entrada de la comisión al Polígono 7 en la localidad de Isinuta, días después que el cacique mayor del CONISUR (máxima autoridad indígena de la organización) invitara a la comisión a visitar la zona colonizada.

Los miembros del CONISUR no cumplieron el mandato. Nueve años después de la resolución de los corregidores del TIPNIS desconociendo al CONISUR, la organización indígena sigue activa. Los sindicatos colonos afiliados a la organización cada vez son más dentro del Polígono 7; en un contexto de fragmentación organizacional en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).